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Derechos Humanos vs. Leyes Migratorias : Frontera Crítica
Las innumerables críticas hechas a la Ley Arizona por ir en contra de los Derechos Humanos podrían fácilmente hacerse, también, a las autoridades mexicanas que ejecutan las Leyes Migratorias en el sur.
Por: Roberto López
FOTO TONY CLOUGH
El 29 de julio del 2010 entró en vigor la ley SB1070, también llamada "Ley Arizona", la cual obliga a agentes fronterizos y policiales a exigir a cualquier persona que se identifique si hay una "sospecha razonable" de que se trate de un indocumentado. De no hacerlo, los agentes podrían ser demandados por los residentes de la zona en que trabajan. El criterio para determinar si una sospecha es razonable parece poco claro y se presta a la discrecionalidad del agente, pudiendo ser incluso los rasgos raciales de la persona en cuestión.
En relación a la "Ley Arizona", el presidente Barack Obama declaró: "Ahora, si alguien no tiene sus documentos a la mano y lleva a su hijo a comer helado, será víctima de hostigamiento, eso es algo que podría ocurrir […] esa no es la manera correcta de hacer las cosas." Tener todos los permisos, trámites o visas en orden, podría no ser suficiente para transitar libremente por Arizona.
La lista de cuestionamientos, argumentos y declaraciones en contra de la Ley Arizona es interminable tanto en México como en Estados Unidos. Paradójicamente las leyes migratorias activas en México no han logrado el respeto a los derechos humanos, argumento que ahora se esgrime en contra de la ley antes mencionada. Miles de inmigrantes centroamericanos que están de paso por México con la intención de cruzar la frontera a Estados Unidos son agraviados de diversas maneras. Por dar sólo un primer ejemplo, se tienen datos de una balacera ocurrida el 9 de enero de 2009 en San Cristobal de las Casas, Chiapas, en contra de una camioneta en la que viajaban alrededor de 45 inmigrantes. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un periodo de seis meses fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes. Amnistía Internacional (AI) cita este dato y señala que ninguno de esos casos ha recibido justicia. Además, agrega que noventa y nueve de los migrantes entrevistados aseguraron que funcionarios públicos estaban relacionados directa o indirectamente con sus secuestros. El Instituto Mexicano de Migración no tiene cifras claras ni actualizadas del número de personas que cruzan la frontera sur y, mucho menos, de cuantas sufren abusos o mueren en su trayecto. La legalidad parece haber abandonado a los inmigrantes que cruzan la frontera.
Según datos de AI, 6 de cada 10 mujeres que cruzan la frontera son violadas, además, nueve de cada 10 víctimas que aceptaron ser entrevistadas afirmaron haber sufrido amenazas de muerte, para ellos o sus familias, con el objetivo de forzarlos a pagar un rescate. La conclusión de AI es clara y contundente: "[El Estado] ha fallado al resguardar los derechos y al respetarlos, siguiendo los estándares internacionales" además, agregan: "Las autoridades son siempre cómplices de estos delitos." Sobre las mismas líneas, el Maestro Fernando Batista, quinto visitador de la CNDH encargado de asuntos migratorios, comenta: "[…] Los derechos humanos deben respetarse y valorarse porque la dignidad de la persona así lo exige […] ya que la persona vale por sí misma y los derechos humanos no son más que reflejo de la dignidad de la persona […] Además de que constituyen el fundamento de los principios democráticos del Estado. La libertad, la igualdad, la equidad y la seguridad jurídica son conceptos fundamentales que mejoran las relaciones de una sociedad democrática y promueven el respeto de la dignidad humana."
Cualquier acto o decisión que violente los derechos humanos, las libertades, las garantías individuales o que promueva la discriminación es condenable e incluso punible legalmente sin importar dónde suceda o por quién sea cometido. Expresar una opinión es un derecho que también debe ser respetado, aunque es importante aclarar que la libertad de expresión no constituye ni supone la validez o legitimidad de lo que se diga. Es necesario preguntarse si la regulación de los movimientos migratorios debe o no anteponerse al respeto de las garantías individuales. Es momento de actuar. El Estado Mexicano ha demostrado ser incapaz de hacer valer los Derechos Humanos en sus fronteras, no por ello ha dejado de pronunciarse en contra de la Ley Arizona. Pero la solución está no sólo en un gobierno, sino también en los ciudadanos, en sus ideas, sus convicciones, su participación social y sobre todo en sus acciones. En palabras de Batista, "[…] el respeto hacia los derechos humanos se construye desde las bases sociales, familia y educación, también tiene que ver una buena relación con las instituciones basada en la justicia y en la legalidad."
La discriminación y los abusos no son problemas endémicos y su solución no es viable si se piensa localmente, es necesario fomentar valores como la tolerancia y el respeto, tomar consciencia de que un humano tiene valor y es un fin por sí mismo.
Derechos Reservados © El Globalista México, 2010